La evaluación ambiental de actividades, obras o proyectos (AOP) inició alrededor de los años 60, con la preocupación de los científicos por los impactos que estaban generando los seres humanos al ambiente por su crecimiento acelerado. Desde entonces se ha utilizado esta herramienta para pronosticar los impactos del desarrollo humano y definir cuales son las medidas que se deben de tomar para un progreso equilibrado de la sociedad.

Costa Rica inicia oficialmente los procesos de evaluación ambiental en 1995 con la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, con la cual se crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), con el objetivo de evaluar y pronosticar el impacto ambiental de las actividades humanas. En sus inicios, la SETENA debía evaluar todo tipo de proyecto, desde un pequeño establecimiento hasta un megaproyecto como la explotación de una cantera. No obstante, el volumen de proyectos que ingresó a la institución entre 1996 e el 2000 fue tan grande, que esta no podía cumplir con tiempos de respuesta adecuados (Contraloría General de la República, 2000). Es por ello, que en el 2004 se publicó el Decreto 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en cual se crearon mejores herramientas tales como los formularios D1 y D2, y se limitaron las AOP que debían ser evaluadas, buscando que los proyectos recibieran el nivel correcto de evaluación según su grado de impacto.

A pesar de estos esfuerzos, es lamentable ver cómo los procesos de Evaluación Ambiental siguen considerándose por muchos desarrolladores, como un requisito más para poder iniciar un AOP y un trámite tedioso con tiempos de respuesta que superan lo razonable.

Como grupo empresarial responsable de la gestión de procesos de evaluación de impacto ambiental, resulta muy importante motivar una mejor perspectiva de estos procesos. Si bien es cierto, desde el punto vista institucional hay mucho trabajo por hacer, no puede dejarse de lado que este tipo de evaluación en su principio más básico, busca identificar impactos en el ámbito ambiental, social y económico, para evitar, disminuir y compensar las afectaciones negativas que se puedan generar. Mediante los instrumentos de evaluación ambiental, un desarrollador se ve obligado a generar una serie de información, tanto del AOP como sus áreas de influencia directa e indirecta, que le permite valorar la factibilidad del proyecto antes de hacer diseños, planes u otras gestiones. Adicionalmente, permite prever las acciones para poder evitar, disminuir, compensar o inclusive maximizar los efectos que un proyecto pueda generar en el medio, desde el punto de vista ambiental, económico, social y legal.

De manera simplificada, el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con la magnitud del proyecto, se realiza de la siguiente manera: Los proyectos de bajo impacto ambiental deben llenar un formulario D2, que no es más que un registro ambiental con información básica. Continuar leyendo… LEER MÁS AQUÍ

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